Toluca, Méx.- Para lograr el ejercicio pleno de la participación ciudadana, democracia directa y consolidar el Estado de derecho, la diputada Karina Labastida Sotelo presentó una iniciativa para fortalecer el plebiscito, el referéndum, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, y reducir los porcentajes necesarios de participación ciudadana para su aplicación efectiva.
La propuesta también fue presentada en nombre de los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán y de las Universidades Insurgentes e ICEL, que participaron en el primer Parlamento Interuniversitario 2018, celebrado en noviembre pasado.
La modificación del artículo 14 de la Constitución local señala que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) convocará a plebiscito a solicitud del gobernador mexiquense y de la ciudadanía para someter a la aprobación o rechazo de la ciudadanía, de manera previa a su ejecución, actos o decisiones que a su juicio sean de trascendencia estatal.
En el caso del referéndum será a solicitud de la Legislatura para que la ciudadanía manifieste su aprobación o rechazo sobre la creación y abrogación de leyes, adición, reforma o derogación de disposiciones legales.
Y las consultas ciudadanas a solicitud del gobernador, la Legislatura y los ayuntamientos, por sí o en colaboración, para someter a la consideración de la ciudadanía cualquier tema que tenga impacto en los ámbitos territoriales que les corresponda.
La propuesta de reforma al artículo 29 establece como prerrogativas de los ciudadanos iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señale la Constitución y la ley de la materia y solicitar se convoque a plebiscito, referéndum y consulta popular; votar, opinar y participar en los procedimientos de participación ciudadana en términos de lo que establezca tanto la Constitución como la ley de la materia.
Cuando la ciudadanía sea quien presente la solicitud para que el IEEM convoque a plebiscito, referéndum o consulta popular se requerirá para su procedencia del 0.5 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores del ámbito territorial correspondiente, con corte a la fecha en que se haga la petición. Mismo requisito aplica para la procedencia de la iniciativa ciudadana.
También propone reducir de 40 a 20 por ciento la participación que se requiere para que el resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo locales, así como para las autoridades municipales competentes, pues el porcentaje actual, equivalente a más de cuatro millones de votantes, es demasiado alto.
Respecto a la iniciativa popular, reconoció que no se cuenta con registros sobre el total de iniciativas ciudadanas que han sido recibidas en el Congreso local, cuántas han sido leídas en el Pleno, turnadas y dictaminadas en comisiones, así como discutidas, aprobadas y publicadas.
En este sentido estimó conveniente contar con un determinado respaldo ciudadano para iniciar leyes, lo que legitimaría su exigencia para que el cumplimiento del proceso legislativo en todas sus etapas.
La diputada Labastida Sotelo sostuvo que los mecanismos de democracia directa o participativa permiten garantizar la inclusión de las y los ciudadanos en la toma decisiones de sus autoridades sin necesidad de formar parte del gobierno o de un partido político, y señaló que pese a que las 32 entidades federativas tienen establecidos mecanismos de este tipo, hay algunas inconsistencias.
La iniciativa fue remitida a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Participativa Ciudadana, para su análisis y dictamen.
